Aurora
La Justicia argentina declaró en “rebeldía” a cuatro acusados de nacionalidad libanesa de ser “partícipes secundarios” en el atentado terrorista perpetrado contra la Asociación Mutual Israelita (AMIA), que en 1994 mató a 85 personas, causó más de 300 heridos y sigue impune. Crédito foto: Fuerzas de Defensa de Israel vía Flickr CC BY-SA 2.0
«Habiendo transcurrido el término dentro del cual debían presentarse Hussein Mounir Mouzannar; Alí Hussein Abdallah; Abdallah Salman y Farouk Abdul Hay Omairi, no habiendo estos comparecido a estar a derecho, por imperio legal corresponde declarar su rebeldía», resolvió el juez Daniel Rafecas, titular del Juzgado Federal N° 6 que lleva adelante la causa.
En junio pasado, Rafecas ordenó la captura internacional de los individuos, tras el pedido de la Unidad Fiscal Especializada (UFI), ya que se sospechaba que los acusados vivían en la ‘Triple Frontera’ (región suramericana compartida entre Argentina, Paraguay y Brasil).
Los libaneses se transformaron en personas de interés, ya que según el documento pudieron haber «cooperado» en el atentado y «existen fundadas sospechas de que resultan colaboradores u agentes operativos» del brazo armado de Hezbollah.
El caso judicial indica que los autores intelectuales ejercían, en ese entonces, el poder en la República Islámica de Irán, que utilizó a la organización terrorista libanesa para llevar acabo el ataque.
Hasta el momento, existen ocho pedidos de captura sobre los sospechosos, algunos de esos imputados -quienes acarrean cinco alertas rojas de Interpol que vencen en 2027- continúan moviéndose por las fronteras del mundo por tener pasaportes diplomáticos.
Uno de estos últimos sospechosos es Samuel Salman ‘El Reda’ o Salman Raouf Salman, un posible miembro activo de la organización chií, a quien se le adjudica haber funcionado como un nexo con los agentes internacionales, que actuaron en territorio argentino, y también presuntamente vinculado con el ataque de 1992 contra la Embajada de Israel en Argentina, en el que murieron 29 personas.
El caso AMIA ha estado desde el origen lleno de irregularidades: en 2001, comenzó un juicio que concluyó en 2004 con la declaración de nulidad de toda la investigación y la absolución de los policías argentinos imputados, a quienes se había acusado de integrar esa «conexión local».
En 2006, la Justicia declaró prófugos a nueve ciudadanos iraníes, entre ellos el expresidente Hashemi Rafsanjani -fallecido en enero de 2017-, a quienes acusa de complicidad en el atentado. Pero ese país nunca colaboró para extraditarlos.
El 18 de enero de 2015, el fiscal especial encargado del caso AMIA, Alberto Nisman, apareció muerto con un tiro en la cabeza -en circunstancias que aún se investigan- solo cuatro días después de acusar a la entonces presidenta, Cristina Fernández (2007-2015), de haber intentado encubrir a los imputados mediante un acuerdo con Irán firmado en 2013.
La actual vicepresidenta insiste con que ese acuerdo sólo buscaba instaurar una investigación conjunta bilateral del ataque.
